El 5 de octubre el portal oficial de publicación difundió el decreto n.º 1288 de 2 de octubre, nueve páginas firmadas por Mishustin que hemos leído íntegras en esta sesión. Cinco páginas son el decreto; cuatro son modificaciones de cuatro actos del Gobierno anteriores.
En conjunto sacan la construcción de defensas antidrones de las reglas ordinarias de la contratación pública por cuatro vías a la vez, y añaden una quinta cosa, nueva de otra manera: el riesgo de recibir fuego mientras se trabaja pasa a ser una partida del precio que el Estado acepta pagar.
Ninguna de las nueve páginas contiene una cifra de dinero.
Las cuatro palancas
Cada palanca es una modificación de un solo párrafo introducida en un acto que lleva años en vigor.
Comprar sin concurrencia. El decreto n.º 339 de 10 de marzo de 2022, que enumera los casos en que el Estado puede comprar a un proveedor único, gana un nuevo apartado. Cubre la contratación «para la realización, de conformidad con la Ley Federal Sobre la Defensa, los actos del Presidente de la Federación de Rusia y también las decisiones del centro nacional único… de medidas para contrarrestar las amenazas de ataque mediante aeronaves no tripuladas». El mecanismo que empuja el precio hacia abajo —que alguien más puje— deja de aplicarse.
No cobrar al contratista que incumplió. Las Reglas de condonación de penalizaciones, aprobadas por el decreto n.º 783 de 4 de julio de 2018, ganan un nuevo motivo de condonación: las penalizaciones devengadas y no pagadas cuando el proveedor incumplió «en relación con el surgimiento de circunstancias ajenas a él, que acarrearon la imposibilidad de ejecutar el contrato» en el marco de esas mismas medidas. Esta palanca lleva una condición, en una segunda modificación de las mismas Reglas: el contratista debe haber cumplido sus obligaciones, «confirmado mediante acta de recepción u otro documento», y justificar por escrito las circunstancias ante el órgano de contratación, con los documentos acreditativos «si los hubiere».
Ejecutar la obra mediante subcontratas. El decreto n.º 570 de 15 de mayo de 2017 fija los tipos y volúmenes de obra que el contratista está obligado a ejecutar por sí mismo, sin recurrir a terceros. Ahora no se aplica en absoluto si el objeto figura en los listados o se encuentra en territorio donde se ha declarado la ley marcial.
Dejar fuera la cuota de las pymes. El decreto n.º 708 de 22 de mayo de 2025 gana tres casos nuevos excluidos del volumen anual agregado de contratación frente al que se mide la cuota de pequeñas empresas y entidades sin ánimo de lucro de orientación social: obra en territorio bajo ley marcial, obra en un objeto de los listados y contratación para las medidas antidrones.
La cláusula que mueve el dinero
El punto 2 del decreto es el que conviene leer despacio. Cuando en la ejecución de un contrato firmado antes del 1 de enero de 2027 surgen «circunstancias ajenas a las partes… que acarrean la imposibilidad de su ejecución», las partes pueden acordar modificar sus condiciones esenciales. El decreto enumera entonces qué puede cambiar, y la lista va de lo ordinario a lo notable: el plazo, el volumen y los tipos de obra, los recursos de construcción, las fases, el orden de recepción y pago, el anticipo —«que no supere la cuantía máxima de anticipo prevista para los perceptores de fondos del presupuesto federal»— y después, séptimo de la lista:
«zh) modificación (aumento) del precio del contrato (incluso cuando, en el caso establecido por el apartado “v” del punto 1 del presente decreto, no se modifican los volúmenes ni los tipos de obra ejecutados);»
Un contrato puede encarecerse mientras el edificio que compra sigue siendo exactamente el mismo.
No es un resquicio: es el propósito, y el apartado «v» del punto 1 explica por qué. El punto 1 cambia lo que comprueba la peritación estatal del presupuesto de obra. Junto a la habitual conformidad con el registro federal de normas de presupuestos de obra, ahora debe estudiar y evaluar los cálculos en cuanto a su conformidad con
«las condiciones de ejecución de las obras en condiciones de amenazas incesantes de bombardeo que provocan paradas, previstas en la documentación de proyecto».
Y si un objeto entra en los listados después de haber superado ya la peritación, se admite una peritación repetida, limitada al presupuesto de obra, «sin modificación de los volúmenes físicos de obra ni de las soluciones constructivas, organizativo-tecnológicas y de otro tipo previstas en la documentación de proyecto». El resto del presupuesto no se reabre, y el decreto lo dice expresamente.
La secuencia es, pues: el objeto entra en el listado, el presupuesto se reexamina solo por las paradas debidas a bombardeos, la cifra vuelve más alta y el punto 2 permite elevar hasta ella el contrato ya firmado. El Estado ha inscrito el riesgo de ser alcanzado en el precio que paga, en lugar de dejárselo al constructor.
A quién alcanza, y dónde el decreto es más estrecho de lo que parece
Se nombran nueve regiones: la República Popular de Donetsk, la República de Crimea, la República Popular de Lugansk, las provincias de Belgorod, Briansk, Zaporiyia, Kursk y Jersón, y Sebastopol —o partes de su territorio.
Esa lista aparece en el punto 1 y rige el punto 1: la peritación del presupuesto de obra. El resto del decreto no está dibujado sobre un mapa. El punto 3 extiende el régimen de modificación de contratos a cualquier contrato para necesidades federales que cumpla una de dos condiciones: haberse celebrado para las medidas antidrones al amparo de la ley de defensa, de actos presidenciales o de las decisiones de ese centro nacional único, o referirse a un objeto de los listados. Las modificaciones de los cuatro decretos anteriores se anclan en los listados, en el territorio bajo ley marcial o en las medidas. Ninguna repite los nueve nombres.
Los puntos 5 y 6 empujan el régimen hacia afuera, y están redactados de forma distinta entre sí, lo que merece conservarse. El punto 5 recomienda a los órganos ejecutivos regionales y a las administraciones locales adoptar medidas que permitan los mismos cambios en los contratos celebrados para necesidades regionales y municipales. El punto 6 solo pide a las empresas que contratan al amparo de la ley separada para compradores vinculados al Estado que «tengan en cuenta» el decreto. Ni en un caso ni en otro una recomendación es una orden, y ninguna lleva dinero.
Qué significa para las series que seguimos
Medimos el déficit presupuestario de Rusia como total móvil de doce meses: 3,3% del PIB hasta agosto, con 65 sobre 100 frente a un ancla de preguerra —el superávit de 2021, del 0,34% del PIB— y una línea de alarma registrada en el 10% del PIB. El saldo de los presupuestos regionales de Rusia arroja un déficit de 1,509 billones de rublos y puntúa 31. Nuestra guía del déficit presupuestario explica cómo se construye la primera serie.
Este decreto no mueve ninguna de las dos, ni las moverá en ninguna fecha que podamos nombrar. No contiene crédito presupuestario alguno. Lo que cambia es la dirección en la que pueden moverse los costes federales y regionales de construcción después de firmado un contrato, y retira tres de los frenos habituales de ese recorrido. La cláusula del anticipo tiene un hermano del que escribimos el 1 de octubre, cuando el decreto 1243 prorrogó hasta 2030 la regla del anticipo del 80%: dinero que sale del presupuesto antes que la obra.
También completa un par. El 30 de septiembre el banco central rebajó el capital que los bancos deben mantener frente a los créditos que financian la protección antiaérea. Aquello era el lado crediticio de la misma construcción. Esto es el lado del gasto.
El índice de solidez es de 46,4 sobre 100, en la zona de estrés, con los ocho indicadores cubiertos. La ejecución de esta mañana no movió ninguna lectura.
Lo que no sabemos
Cuán grande es todo esto. Los listados de objetos se aprueban «según el procedimiento establecido» y no se publican. Cuántos objetos, en qué regiones, por cuánto dinero: nada de ello está en el decreto, y los decretos del Gobierno se publican sin la memoria explicativa ni la justificación económico-financiera que acompañan a un proyecto de ley.
Si hay techo para el aumento. El punto 2 permite subir el precio. No nombra límite, porcentaje ni tope, y no remite a ninguno en otro lugar.
Qué es el centro nacional único. El decreto se apoya en él tres veces y solo lo describe como «creado de conformidad con una decisión del Presidente de la Federación de Rusia», sin nombrar esa decisión. No hemos podido identificar el acto fundacional ni en este texto ni en el portal.
Si la geografía se detiene de verdad en el punto 1. Leemos la redacción en el sentido de que confina las nueve regiones a las reglas del presupuesto de obra, porque ahí es donde está la lista y los puntos posteriores recurren en su lugar a los listados. Un lector del mismo texto podría volver a atar el término definido a la geografía. El decreto no lo resuelve, y no vamos a resolverlo nosotros en su lugar.