El 23 de octubre el portal oficial publicó la sentencia n.º 61-P del 22 de octubre, cuarenta y siete páginas del Tribunal Constitucional en respuesta a una consulta del gobierno de la provincia de Amur. Leímos el escaneo en esta sesión. La sentencia resuelve una cuestión estrecha con una consecuencia amplia: cuando una región rusa paga tarde a una empresa de suministro la compensación del hueco tarifario que ella misma abrió, ya no debe intereses por el retraso.
El párrafo dispositivo es el tercero:
«Hasta que se introduzcan en la regulación jurídica vigente las modificaciones derivadas de la presente Sentencia, cuando un tribunal recupere de una entidad de derecho público daños en favor de una organización suministradora de recursos, surgidos como consecuencia del ejercicio de las competencias estatales de regulación tarifaria y debidos al cumplimiento extemporáneo de la obligación de compensar la diferencia intertarifaria, no se devengarán los intereses previstos en el artículo 395 del Código Civil de la Federación de Rusia.»
La sentencia es definitiva, no admite recurso y surte efecto desde el día de su publicación.
Para qué servían los intereses
La diferencia intertarifaria es el hueco que la propia región abre. La autoridad tarifaria regional fija el precio que un hogar paga por la calefacción por debajo del nivel económicamente justificado; la suministradora entrega al precio bajo y el presupuesto le debe la diferencia. El Tribunal reiteró su propia posición de 2011: esa obligación de compensar es consecuencia directa del ejercicio de la competencia de regulación de precios.
El artículo 395 del Código Civil hace devengar intereses sobre el dinero retenido indebidamente y fija su cuantía en el tipo oficial del Banco de Rusia vigente en cada periodo. El 23 de octubre — el día en que se publicó esta sentencia — el consejo de administración del banco central mantuvo el tipo oficial en el 14,00 % anual. Eso es lo que venía costando el retraso de una región, y eso es lo que ahora se ha suprimido.
El caso que está detrás
La provincia de Amur acudió al Tribunal Constitucional tras perder repetidamente ante los tribunales mercantiles. La consulta llegó acompañada de copias de resoluciones que acreditan, en palabras del propio Tribunal, la imposición reiterada a la región de la responsabilidad del artículo 395 por reembolsar tarde a una suministradora los ingresos dejados de percibir por la calefacción vendida a los hogares con tarifa bonificada.
El caso que la región situó en el centro, n.º A04-5616/2024, es lo bastante pequeño como para citarlo entero. Un municipio estaba obligado, en virtud de un convenio de subvención, a transferir 3.886.986,96 rublos antes del 11 de enero de 2023. Transfirió 3.785.954,59. El faltante — 101.032,37 rublos — corrió hasta el 31 de enero de 2024, cuando la provincia atendió un título ejecutivo que la suministradora había presentado el 22 de enero ante el ministerio de Finanzas provincial. El tribunal mercantil de la provincia de Amur concedió los intereses el 10 de septiembre de 2024, el Sexto Tribunal de Apelación lo confirmó el 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Mercantil del Distrito del Lejano Oriente el 13 de marzo de 2025, y un juez del Tribunal Supremo rechazó un recurso ulterior el 16 de julio de 2025.
Dos detalles del caso merecen retenerse. El acreedor era una institución presupuestaria estatal federal: en el litigio del que nació esta sentencia, la «suministradora» cuyo dinero retenía la región formaba ella misma parte del Estado. Y desde el 1 de enero de 2013 la provincia de Amur tiene delegada la obligación de compensar en sus municipios por tiempo ilimitado, y aun así la reclamación se dirigió contra el tesoro provincial y de él se pagó.
El Tribunal expuso también hasta qué punto la práctica se había vuelto dispar, nombrando los casos de ambos lados: en los n.º A04-4908/2023 y n.º A04-5616/2024 los tribunales mercantiles hacían correr los intereses desde el vencimiento del plazo de pago del convenio municipal, mientras que en los n.º A04-6209/2020, n.º A04-6210/2020 y n.º A04-588/2022 los hacían correr desde el vencimiento del plazo para atender la reclamación previa. Son cinco litigios de una sola región en cinco años, la única medida de frecuencia que ofrece el documento.
El argumento que el Tribunal esgrimió contra sí mismo
La sentencia no es un documento de una sola cara, y su pasaje más fuerte apunta en sentido contrario. Al exponer qué ocurriría si se permitiera que las reglas de ejecución presupuestaria interrumpieran el periodo de mora, el Tribunal escribió:
«En tales casos, una entidad de derecho público que haya eludido el cumplimiento voluntario de una obligación dineraria nacida objetivamente —en particular, sobre la base de un acto normativo— frente al acreedor, y que con su inacción lo haya impulsado a acudir al tribunal, dejaría temporalmente de considerarse incursa en mora a causa del ejercicio forzoso por el acreedor de su derecho a la tutela judicial. Entre tanto, en el sistema vigente de regulación civil no se admite una reducción del alcance de la responsabilidad del deudor por el incumplimiento de una obligación motivada por actos de buena fe del acreedor dirigidos a proteger su derecho lesionado.»
Escrito eso, el Tribunal se negó a elegir. Declaró el artículo 395 del Código Civil, en relación con los apartados 1 y 2 del artículo 242-1 y los apartados 3 y 6 del artículo 242-2 del Código Presupuestario, contrario a la Constitución por indeterminación: porque la ley deja sin resolver si tales intereses se devengan siquiera y, de hacerlo, por qué periodos. Ordenó al legislador federal eliminar esa indeterminación; de ambos enfoques, el Tribunal dice que «no carecen de fundamentos constitucionales y sectoriales razonables».
El hallazgo, pues, es que la ley no lo dice. La regla provisional, que el Tribunal podía fijar en cualquiera de los dos sentidos mientras el legislador decide, es que no se devenga nada. Esa elección es la noticia, no la constatación de indeterminación.
Adónde va el coste
Nada de esto hace desaparecer un coste. El dinero que una región todavía no ha pagado a su suministradora sigue debiéndose; lo que ha desaparecido es el cargo por retenerlo. En los libros de la suministradora la suma queda donde estaba: como un derecho de cobro vencido frente a un presupuesto.
Esa es la serie que seguimos como cuentas a cobrar vencidas. La cifra operativa de Rosstat para finales de julio de 2026 es de 9.090,1 mil millones de rublos vencidos, de 137.801,8 mil millones de cuentas a cobrar totales. La sentencia no mueve ninguna magnitud en ella: el Tribunal no concedió nada, no anuló nada y no citó suma alguna. Lo que cambia es el incentivo sobre una clase de deudores, y la dirección no favorece al acreedor.
La región fija el precio de su propia demora
El párrafo inmediatamente posterior a la prohibición devuelve la cuestión al deudor:
«Los órganos del poder estatal de los sujetos de la Federación de Rusia, al determinar las reglas de compensación de la diferencia intertarifaria a las organizaciones suministradoras de recursos, están facultados para prever un incremento, con cargo a los presupuestos de los sujetos de la Federación de Rusia, de la cuantía de los pagos correspondientes en caso de demora en su realización.»
Una región puede, si quiere, inscribir en sus propias reglas de compensación un recargo por pagar tarde. El precio de la demora de un presupuesto regional era una ley federal y el tipo oficial del banco central; ahora es una opción en manos de quien lo pagaría. El Tribunal añade que las regiones, al resolverlo, pueden decidir también los periodos a los que ese recargo se aplica.
Qué significa para las series que seguimos
El saldo de los presupuestos regionales de Rusia marca un déficit de 1,466 billones de rublos en el año móvil, 33 sobre 100 frente al superávit de 0,661 billones de 2021 y una línea de alarma registrada en un déficit de 2,5 billones. Esta sentencia no lo mueve, y no lo movería ni aun conociéndose las sumas: como explica nuestra guía, el saldo es un flujo de ingresos y gastos, y unos intereses que una región ya no paga son un coste evitado, no un ingreso obtenido.
Las cuentas a cobrar vencidas siguen siendo la lectura más débil que llevamos: 9.090,1 mil millones de rublos son 1,96 veces el nivel de enero de 2022 en términos reales, 4 sobre 100 frente al ancla de preguerra de 1× y una línea de alarma registrada en 2×. Qué son las cuentas a cobrar vencidas — y por qué la serie se lee en términos reales y no como un total nominal — se explica en la guía.
El índice de solidez está en 46 sobre 100, en zona de estrés. La ejecución de esta mañana no movió ninguna lectura: el analizador informó de cero cambios en los indicadores.
Junto al resto de la semana, la sentencia es una de las tres decisiones en cuatro días que suprimen una consecuencia financiera en lugar de financiar algo. El 23 de octubre el gobierno eximió al krai de Krasnoyarsk y a la provincia de Cheliábinsk de las medidas de responsabilidad por sus créditos de infraestructura del Tesoro, sin citar importe. El 20 de octubre la política de deuda de Crimea imputó préstamos federales condonados a gastos de guerra ya realizados. Instrumentos distintos, un mismo patrón: una obligación que tenía precio deja de tenerlo.
Lo que no sabemos
La escala. La sentencia no aporta cifra alguna de la diferencia intertarifaria acumulada en todo el país, ni recuento de esos litigios, ni estimación de cuántos intereses del artículo 395 pagaron las regiones en años anteriores. Los cinco casos de Amur nombrados en el texto son todo lo que hay sobre frecuencia.
Si alcanza a resoluciones ya dictadas. La prohibición está escrita para recuperaciones «por un tribunal» aún por venir, y la sentencia no contiene disposición transitoria para importes ya concedidos pero aún no pagados.
Qué deja la indexación. El Tribunal señala expresamente que no aborda la posibilidad de aplicar a la vez los intereses y la indexación de las sumas concedidas conforme al artículo 183 del Código Procesal Mercantil. La indexación, por tanto, sobrevive a esta sentencia, pero cuánta pérdida del acreedor compensa no es algo que el documento responda.
Cuándo se pondrá la ley al día. El Tribunal ordena al legislador federal eliminar la indeterminación y no le fija plazo. Hasta que lo haga, la regla provisional es la regla.
El resto del expediente. Leímos la sentencia en el escaneo publicado: las páginas 1 a 9 y 25 a 47 completas, las páginas 10 a 24 no. El sitio del Tribunal Constitucional y su servidor de documentos no respondieron desde este entorno, no abrimos la ficha del caso n.º A04-5616/2024 en el registro de tribunales mercantiles, y las sentencias anteriores citadas en el texto —n.º 2-P de 2011, n.º 34-P de 2023, n.º 3-P de 2024 y n.º 25-P de 2026— no fueron leídas.