El 12 de octubre un decreto presidencial de dos páginas añadió una sola frase a un decreto de 2022. El decreto n.º 727 modifica el punto 1 del decreto n.º 723, de 7 de octubre de 2022, que traspasó el proyecto Sajalín-1 a un operador ruso. Ambos documentos son imágenes escaneadas sin capa de texto; en esta sesión leímos las dos páginas de uno y las seis del otro. El nuevo apartado dice una cosa:
«k¹) la gestión de los fondos que se acumulan conforme al artículo XX del Acuerdo corresponde a la sociedad anónima Sajalinmorneftegaz-Shelf, que presenta trimestralmente un informe sobre dicha gestión al Ministerio de Energía de la Federación de Rusia y al Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia;»
Ese es todo el texto dispositivo. El decreto no cita ninguna cifra, no fija plazo y no dice qué permite la gestión. Entró en vigor el día de su publicación, que fue también el día de su firma. Su preámbulo enumera seis modificaciones anteriores del decreto n.º 723; esta es la séptima.
De qué dinero se trata
El decreto n.º 727 no define los fondos porque ya los define el decreto que modifica. El apartado «k» de ese mismo punto 1 dice:
«k) los fondos por un importe igual al importe de los fondos acumulados por las partes extranjeras del consorcio conforme al artículo XX del Acuerdo deben ser ingresados de inmediato por ellas, o por otras personas por encargo suyo, en la cuenta corriente de la sociedad. La sociedad abre, en un banco autorizado por el Gobierno de la Federación de Rusia, una cuenta de liquidación en la que ingresa esos fondos. Los fondos ingresados en la cuenta de liquidación se emplean para los fines y en la forma que establece el Acuerdo;»
El Acuerdo es el acuerdo de reparto de producción sobre los yacimientos de Chaivó, Odoptú y Arkutún-Daguí, firmado el 30 de junio de 1995. Su artículo XX nunca se ha publicado. El destino está claro: una cuenta de liquidación en un banco autorizado por el Gobierno. La finalidad, no. Ninguno de los dos decretos explica el término, y el artículo del contrato que podría hacerlo no es público. El decreto remite a un documento que ningún lector puede consultar.
El decreto n.º 723 fijó también qué pertenece a quién tras el traspaso. Según el apartado «g», las participaciones en la nueva sociedad rusa fueron a la SA Sajalinmorneftegaz-Shelf en proporción a su cuota de participación en el Acuerdo (11,5 por ciento), a la SA RN-Astra por su 8,5 por ciento, y a la propia sociedad por la cuota conjunta de las partes extranjeras, el 80 por ciento; ese último bloque ha de pasar a las personas que se determinen conforme al decreto. La participación que no se acepte la valora el Gobierno y la vende en un plazo de cuatro meses a una persona jurídica rusa; el dinero del comprador va a una cuenta del tipo «C» abierta a nombre del antiguo titular.
Dónde se colocó la frase
La modificación podía haber ido al punto 2. No fue allí, y eso es lo que importa. El punto 2 dice:
«2. El Gobierno de la Federación de Rusia nombra gestora de la sociedad a la sociedad anónima Sajalinmorneftegaz-Shelf, que ejerce las facultades del órgano ejecutivo unipersonal de la sociedad desde el día de su creación. A más tardar 10 días desde el día en que la propiedad de todas las participaciones pertenecientes a la sociedad pase a las personas determinadas conforme al presente Decreto, la junta general de socios de la sociedad elige un nuevo órgano ejecutivo unipersonal de la sociedad o adopta la decisión de prorrogar las facultades correspondientes de la sociedad anónima Sajalinmorneftegaz-Shelf.»
Sajalinmorneftegaz-Shelf dirige al operador desde 2022, pero el cargo tiene una condición de cese. Diez días después de que la titularidad del bloque del 80 por ciento pase a las personas designadas, los socios votan si mantienen a la empresa o la sustituyen. Hasta el 12 de octubre, la gestión del dinero del artículo XX dependía de ese cargo y habría cambiado de manos con él.
Ya no. La gestión del dinero figura en el punto 1 —la lista permanente de medidas económicas especiales— y se asigna a la empresa por su nombre, junto a los traspasos de activos y las facultades de auditoría. Gane quien gane la votación sobre la dirección del operador, el gestor del dinero no cambia y el informe trimestral llega en cualquier caso al Ministerio de Finanzas.
Lo que el documento no dice
El tamaño. No aparece cifra alguna en el decreto n.º 727, ni en el decreto n.º 723, ni en ninguna fuente oficial a la que hayamos podido llegar.
Si el dinero existe. El decreto de 2022 ordenaba ingresar «de inmediato» un importe igual al acumulado por las partes extranjeras. El nuevo apartado habla de fondos que se acumulan, en presente. Y el decreto n.º 723 ya estaba redactado para la posibilidad de que no llegara nada. Según el apartado «m», el Gobierno, tras su auditoría, fija el importe del daño, «incluido el causado como consecuencia del incumplimiento por una parte extranjera del consorcio de los requisitos del apartado “k” de este punto», y determina las personas obligadas a repararlo. Según el apartado «n», se carga en la cuenta del tipo «C» abierta a nombre de la parte extranjera, a favor de la sociedad, un importe igual al daño. Cuatro años después, un decreto nombra gestor de ese dinero. No dice si lo hay.
Qué significa gestión. Ni instrumentos, ni divisa, ni límites, ni plazo. Toda la norma descansa en esa palabra y el documento no la define.
Qué hace el Ministerio de Finanzas con el informe. El ministerio recibe cada trimestre cuenta de cómo se gestiona el dinero. El decreto no le da facultad alguna sobre él ni abre ningún canal de esa cuenta al presupuesto.
Qué significa esto para las series que seguimos
Nada, de forma directa, y conviene decirlo sin rodeos. Los ingresos presupuestarios de petróleo y gas están en el 54,9% del nivel real de 2021 — 10 de 100 frente al 2021 de preguerra, fijado en 100, y una línea de alarma registrada en la mitad del nivel de 2021. Es la segunda lectura más débil de las ocho, por detrás de las cuentas a cobrar vencidas de las empresas rusas, con 4. En septiembre los ingresos de petróleo y gas fueron de 452.000 millones de rublos frente a 582.000 millones un año antes — -22,3% interanual, y en lo que va de año un 17,2% menos. El índice de solidez está en 46,3 de 100, en la zona de estrés. La actualización de hoy cambió dos lecturas: la inflación anual, en un punto básico, y esta, al incorporarse el nivel de septiembre a la serie.
El decreto n.º 727 no cambia nada de eso. No mueve dinero al presupuesto, no pone precio a nada y no da dirección a la lectura. Nuestra guía de los ingresos de petróleo y gas explica el escaso margen discrecional de esa partida, y este decreto no le añade nada en ningún sentido.
Lo que sí hace sigue un patrón que este sitio ya ha registrado. El punto 8 del decreto de 2022 conservó para el proyecto el régimen fiscal especial, el tratamiento aduanero y arancelario y el derecho exclusivo a exportar gas que concede el Acuerdo: cuando cambió el operador, las condiciones fiscales se quedaron con el activo. Esta modificación aplica el mismo criterio a una bolsa de dinero cuyo tamaño no es público: fija al gestor e informa al ministerio que elabora el presupuesto de cómo se administra. Es el mismo patrón que el decreto 604, que permite al Estado poner una empresa bajo un gestor de su elección: el documento nombra a quien manda, nunca un precio. Aquí el objeto no es una fábrica, sino dinero cuya finalidad figura únicamente en un artículo no publicado de un contrato de 1995. El Ministerio de Finanzas recibe ahora información sobre él cuatro veces al año.