El 28 de septiembre, Vladímir Putin firmó el decreto n.º 686, «Sobre la aprobación de la lista de información del sector de combustibles y energía cuyo acceso queda restringido, y del procedimiento para su manejo». Leímos íntegros el decreto y su lista anexa en la publicación oficial: tres páginas más un anexo de dos. Restringe cuatro grupos de datos a la vez, desde los detalles de los envíos de exportación de una empresa hasta los volúmenes de producción de refinerías concretas, y entró en vigor el día de la firma.

Los cuatro apartados de la lista

El primer apartado abarca la información sobre las exportaciones de una persona jurídica, punto por punto: los nombres y cantidades de las mercancías enviadas; sus precios, incluido el precio medio de productor de los bienes industriales destinados a la exportación; los vendedores, los compradores y todos los demás implicados —transportistas, transitarios, aseguradoras—; el procedimiento de pago de los contratos de suministro; los buques, los números de contenedor y los documentos de transporte; las direcciones y rutas de los envíos, las terminales marítimas y sus operadores, las coordenadas geográficas de los lugares de almacenamiento; las fechas y horas de las operaciones; y el contenido de los documentos aduaneros.

Los otros tres apartados son más cortos, y dos muestran el nivel de agregación al que llega el decreto:

«2. Información agregada de la estadística aduanera sobre la exportación de mercancías por una persona jurídica. 3. Información sobre los volúmenes de procesamiento y producción de mercancías por una persona jurídica — una refinería de petróleo rusa.»

La lista no solo cierra el acceso a los datos de cada transacción —quién envió qué a quién y en qué buque—, sino también a los datos agregados de la empresa: su estadística aduanera. El cuarto apartado cubre la negociación bursátil: los volúmenes de venta previstos y las operaciones concluidas, en las sesiones principales de cada jornada de negociación, para la gasolina de alto octanaje (octanaje 92 o superior) y el diésel producidos a partir de crudo que una empresa con posición dominante en el mercado extrajo o vendió.

Una prohibición de publicar, con una excepción

El punto 3 del decreto fija las reglas de uso. Difundir la información incluida en la lista, «incluso con el uso de medios de comunicación o de redes de información y telecomunicaciones, incluida internet», no está permitido. La única excepción es la información que una persona jurídica revela sobre su propia actividad. Todos los demás obtienen los datos solo mediante un acuerdo con su propietario, y los órganos del Estado los intercambian según los procedimientos de la legislación rusa. La información almacenada en los sistemas estatales se tratará conforme a un reglamento tipo que el Gobierno debe aprobar.

El Gobierno tiene dos tareas: debe definir en diez días la lista de códigos de mercancías a los que se aplica el decreto; también debe aprobar ese reglamento tipo. El decreto no nombra sanción alguna por incumplimiento: el punto 2 hace obligatorio respetar la confidencialidad y remite a «las medidas necesarias previstas por la legislación de la Federación de Rusia», sin nombrarlas.

El mismo día, el atajo para cobrar el gas se prorrogó seis meses

El decreto n.º 686 no fue el único que Putin firmó aquel día. Ese mismo 28 de septiembre, Putin también firmó el decreto n.º 701. Sustituye una fecha en el punto 7⁶ del decreto n.º 172 del 31 de marzo de 2022, la orden del «gas por rublos»: «Hasta el 1 de octubre de 2026» pasa a ser «Hasta el 1 de abril de 2027». Según ese punto —citamos su texto tal como figura en la versión vigente del decreto n.º 172 en ConsultantPlus—, el pago del gas por un comprador extranjero se considera debidamente efectuado si los rublos llegan a una cuenta ordinaria en rublos del proveedor ruso en cualquier entidad de crédito rusa, fuera del mecanismo especial de cuentas «K» que introdujo el decreto de 2022. La prórroga anterior, el decreto n.º 427 del 15 de junio, que también leímos en el original, movió el mismo plazo exactamente un trimestre, del 1 de julio al 1 de octubre. Esta lo mueve seis meses: según la lista de modificaciones de la versión de ConsultantPlus, es la primera prórroga de esa duración. El decreto no da razón alguna para la prórroga más larga. Ambos decretos se firmaron el mismo día; ningún documento los conecta.

Por qué esto va de la capacidad de pagar la guerra

Nuestro indicador de ingresos presupuestarios de petróleo y gas se basa en los informes mensuales del ministerio de Finanzas, y el decreto n.º 686 no lo toca: las cifras del ministerio son la contabilidad del propio Estado sobre el dinero que recibió. Lo que el decreto cierra son los datos externos con los que esas cifras podían contrastarse: cuánto salió físicamente del país, a qué precio, por qué terminales y cuánto procesaron realmente las refinerías. Nuestra guía explica qué incluye la cifra del ministerio y qué no puede decir; el decreto reduce aún más las posibilidades de comprobarla desde fuera. Cuando quienes observan desde fuera solo pueden seguir el dinero del petróleo a través de las cuentas del propio Estado y de lo que cada empresa decida revelar sobre sí misma, la brecha entre el informe y la realidad deja de ser visible, y un problema presupuestario suele empezar precisamente con una brecha así.

Qué cambia esto en nuestro modelo

Hoy, nada. Ninguna cifra que lean nuestros indicadores ha cambiado. Los ingresos presupuestarios de petróleo y gas están en 12 de 100: el total real de doce meses se sitúa en el 56,1% del nivel de 2021, con la línea de alarma registrada en la mitad de ese nivel. El decreto no cambia esa cifra; cambia lo que podía usarse para verificarla. El índice de solidez está en 47,1 de 100, en la zona de estrés; el estado actual de los ocho indicadores está en el monitor.

Lo que no sabemos

Qué mercancías cubre el decreto. La lista de códigos de mercancías corresponde definirla al Gobierno en diez días. Hasta que aparezca, el alcance del cierre —solo petróleo y derivados, o también carbón y gas— no está definido.

Qué pasa con las estadísticas publicadas. El decreto se dirige a los propietarios de la información y a los órganos del Estado. Su texto no dice si cambiará la composición de lo que publican Rosstat, el ministerio de Finanzas o el servicio de aduanas.

El límite de la excepción. Una empresa aún puede revelar información «sobre su propia actividad». Si eso cubre las divulgaciones obligatorias de un emisor, el texto no lo establece.

Si las dos firmas están conectadas. El decreto n.º 686 cierra los datos de pago de los contratos de exportación; el decreto n.º 701, el mismo día, prorroga el atajo por el que llegan los pagos del gas. La coincidencia de fechas es un hecho; un vínculo documentado, no.