El 7 de octubre el portal oficial de publicación colgó el decreto gubernamental n.º 1291, firmado el 2 de octubre: diecinueve páginas, un escaneo sin capa de texto, que en esta sesión leímos página por página. Modifica nueve actos del Gobierno a la vez, y las modificaciones comparten un solo asunto: qué pasa con el precio de la calefacción y del agua cuando la guerra llega a las tuberías.

La respuesta del decreto es un canal, no un pago. El dinero que las empresas de calefacción y de agua gastan en defender sus instalaciones de los ataques con drones, en «satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas» y en reconstruir lo que los ataques destruyeron se convierte en un coste justificado dentro de la tarifa regulada: el precio que pagan los hogares y las empresas. En las diecinueve páginas no hay ni una cifra en rublos.

Las palabras insertadas en las reglas de precios

En los fundamentos de formación de precios del suministro de calor — las reglas del decreto n.º 1075, vigentes desde 2012 — el círculo de organizaciones con derecho a pedir una revisión extraordinaria de la tarifa se amplía con una larga inserción en el punto 74. Traducida:

«…y (o) que aplica medidas para garantizar la seguridad de los objetos de suministro de calor, incluso sobre la base de decisiones (recomendaciones) de los órganos del poder estatal… para garantizar la seguridad, contribuir a resolver las tareas de defensa frente a las amenazas de ataque con el uso de vehículos aéreos no tripulados, así como para aplicar medidas destinadas a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, de otras tropas, formaciones militares, órganos y las necesidades de la población…»

Las reglas del agua reciben la imagen especular. Un nuevo subpunto «m» del punto 65 de los fundamentos de precios del agua (decreto n.º 406) enumera lo que desde ahora cuenta como coste que la tarifa debe cubrir: estructuras protectoras de la defensa civil, construcciones que resguardan equipos y edificios, «medios técnicos especiales, incluidos los medios de detección y neutralización de aparatos no tripulados», maquinaria y vehículos de clase de protección superior, medios de protección del personal, pagos de incentivo a los trabajadores, el coste de la vigilancia del recinto — allí donde todo ello no esté ya contado, o no por completo, en los gastos operativos.

Ambos cuerpos de reglas fechan el supuesto de la misma manera: destrucción o daño de una instalación productiva desde el 1 de enero de 2025 «como resultado de la comisión de un acto (actos) de injerencia ilícita vinculado con el empleo de medios convencionales de destrucción (incluido un acto terrorista) o con sabotaje». Y ambos aceptan ahora solicitudes que citan no solo el dinero gastado sino el que se va a gastar: donde la redacción vieja hablaba de datos «sobre los gastos incurridos», la nueva dice «sobre los gastos incurridos y (o) planificados».

Una causa penal abre el techo

Rusia limita la velocidad a la que puede subir la factura comunal total de un hogar: un índice anual por región, con una desviación acotada por municipio. Superar el techo exige una justificación. El decreto n.º 1291 reescribe la lista de documentos sobre los que se construye esa justificación — en las reglas sobre los índices de pago de los ciudadanos, el decreto n.º 400 — y la nueva lista empieza así:

«…con la adjunción de una copia del auto de incoación de una causa penal, y (o) de una copia de la decisión (extracto del acta de la sesión) de un órgano de actuación permanente… y (o) de otro documento, incluido uno que confirme que la destrucción y (o) el daño del objeto de suministro de calor, del objeto del sistema centralizado de agua caliente, agua fría y (o) saneamiento se produjo exclusivamente como resultado de la comisión de un acto (actos) de injerencia ilícita vinculado con el empleo de medios convencionales de destrucción (incluido un acto terrorista) o con sabotaje».

Dicho de otro modo, el auto de incoación de una causa penal por un ataque es ahora un documento tarifario: certifica el hecho que permite a las facturas de un municipio subir por encima del techo regional.

Sanciones fuera, pruebas más ligeras, divulgación a oscuras

Tres pasos más completan el mecanismo. Primero: en 2026 y 2027 las disposiciones sancionadoras de ambos sistemas de precios — las cláusulas que castigan a la empresa por incumplir sus obligaciones de concesión o no ejecutar su programa de inversiones — no se aplican a estas organizaciones, siempre que el dinero fuera a los costes de seguridad y reconstrucción que el decreto describe. Quien saltó la inversión planificada porque pagaba redes antidrones no responde por la inversión saltada.

Segundo: baja el umbral de prueba. Los gastos de seguridad pueden confirmarse con informes contables o estadísticos intermedios y contarse ya en el siguiente periodo de regulación, sin esperar a las cuentas anuales auditadas.

Tercero: el público no verá el detalle. Los dos estándares de divulgación — para el calor (decreto n.º 110) y para el agua (decreto n.º 108) — reciben un nuevo punto 4¹: en 2026 y 2027, las partes de los programas de inversión referidas a la protección y a la reconstrucción tras los ataques no están sujetas a divulgación. El gasto queda justificado, la factura puede subir y la línea queda cerrada.

Hay además un cuarto paso, ya fuera de los precios. El decreto n.º 931 sobre la legislación de vivienda gana un subpunto: si instalaciones de calor, agua, saneamiento, gas o electricidad quedan destruidas o dañadas por un acto así y la prestación se ha vuelto imposible, el proveedor queda liberado de los requisitos de calidad de los servicios comunales. Allí donde un ataque hizo imposible el servicio, la ley deja de medirlo.

Lo que el decreto no dice

Ninguna cantidad. Cuántas instalaciones entran, cuánto cuestan las medidas, cuánto puede subir una factura: nada de eso está en el texto. El decreto construye el canal y no nombra un volumen. Es el diseño, no un descuido: un pago puntual tendría una suma; una categoría permanente de costes no la tiene.

Qué se derogó con él. El decreto declara sin vigor el punto 13 de las modificaciones de 2017 a las reglas de los índices de pago (decreto n.º 1097). Qué decía ese punto no pudimos verificarlo: las bases jurídicas con los textos consolidados son inalcanzables desde este entorno, así que parte de las modificaciones solo puede describirse como retoques, no como resultado.

Qué empieza en 2027. Dos párrafos de las modificaciones entran en vigor solo el 1 de marzo de 2027, y los derechos centrales de revisión en ambos sistemas de precios rigen hasta esa misma fecha. Qué frases exactas quedan aplazadas no puede fijarse sin los textos consolidados; las fechas están en los puntos finales del propio decreto.

Si la electricidad y el gas siguen el mismo camino. La liberación de los requisitos de calidad nombra las instalaciones eléctricas y de gas junto a las de calor y agua; las modificaciones tarifarias no tocan esos sectores. Si vienen decretos espejo, el texto no lo dice.

Qué significa esto para las series que seguimos

Las tarifas de calefacción y agua son precios administrados, y están dentro de la cesta del consumidor. Nuestro indicador de la inflación anual marca 6,3% interanual hasta agosto — 95 sobre 100 frente a una media de preguerra del 4,6% y una línea de alarma registrada en el 40%. Nuestra guía de la inflación explica la capa administrada: precios que se mueven cuando el Estado lo decide. Este decreto es una decisión de esas — permite a precios regulados concretos subir por encima del techo habitual, y deja el tamaño y el momento a los órganos tarifarios regionales, que publican sus decisiones por separado. Anotamos la dirección a la que apunta la construcción y no la convertimos en pronóstico.

El hecho mayor es fiscal. Los ataques a las instalaciones comunales y la defensa contra ellos cuestan dinero, y este decreto responde de quién es ese dinero: no del presupuesto. Cargados en la tarifa, esos costes no aparecen en ninguna línea de gasto, no agrandan el déficit y llegan a la gente como recibo de servicios — la misma ruta silenciosa por la que la víspera el precio eléctrico regulado de 2027 salió de sus fórmulas de indexación. El índice de solidez está en 46,2 sobre 100, en zona de estrés. La ejecución de esta mañana movió una lectura: la masa monetaria M2 crece un 13,2% interanual a 1 de octubre, desde el 12,9% de un mes antes.