El 12 de septiembre el gobierno publicó el decreto n.º 1162, firmado ese mismo día. Modifica catorce puntos y los cuatro anexos de las reglas por las que Rusia avala los créditos contraídos por exportadores industriales. Los cambios tienen dos sentidos opuestos. El umbral de acceso baja: una empresa con deudas tributarias vencidas en la fecha de referencia puede ahora obtener el aval si después las ha saldado. La revisión de las cuentas de esa misma empresa se endurece: quien haya cambiado su política contable en los dos últimos años debe reexpresar los estados anteriores; ahora todo exportador debe aportar un informe de auditoría, no solo aquel cuyas cuentas deban auditarse por ley; y aparece un certificado nuevo que detalla cuánto del capital social del solicitante no han desembolsado sus propios fundadores. Ni el gobierno ni el Ministerio de Finanzas han publicado nota alguna al respecto, y tampoco hay memoria justificativa.

El programa del que se trata

El decreto 1162 no cita ninguna cifra. La cita la ley de presupuestos. La ley federal n.º 426-FZ, de 28 de noviembre de 2025, sobre el presupuesto federal de 2026, recoge el programa de avales en dos anexos, y ambos tienen una línea con el mismo nombre que estas reglas.

El anexo 33, en rublos, contiene dos líneas de apoyo a la exportación industrial: 34 600 000,0 miles de rublos para créditos tomados por exportadores rusos y 3 460 000,0 miles para créditos de la sociedad anónima ROSEXIMBANK — exactamente la décima parte de la primera. Juntas suman 38,06 mil millones de rublos. Todo el programa de avales en rublos para 2026 asciende a 634 060 000,0 miles de rublos, de modo que las líneas de exportación son el 6,0% del total. Las dos líneas mayores son 296,0 mil millones para créditos a personas jurídicas rusas con los fines que fija el gobierno y 300,0 mil millones para la compañía estatal que asegura las exportaciones.

El anexo 35, en dólares, deja la proporción a la vista. Al apoyo a la exportación industrial le corresponden 50,0 millones de dólares. Dos líneas de créditos de la corporación estatal Rosatom figuran por 3 850,0 millones y 4 900,0 millones de dólares. El anexo suma 8 800,0 millones de dólares: las dos líneas de Rosatom son el 99,4% del programa de avales en divisas y la línea de exportación, el 0,57%.

En ambos anexos estas líneas llevan anotado el derecho de regreso: si paga el Estado, adquiere un crédito contra el prestatario.

Lo que el decreto facilita

Se reformulan dos condiciones. El punto 9 se refiere al deudor principal — el propio exportador. Su apartado (a), en la redacción vigente desde el 1 de junio de 2024, exigía, junto a la ausencia de deuda vencida con la Federación de Rusia:

«…así como de una obligación incumplida de pagar impuestos, tasas, cotizaciones sociales, recargos, multas e intereses exigibles conforme a la legislación de la Federación de Rusia sobre impuestos y tasas».

La alternativa de pago de esa frase — «o el pago de la deuda vencida (no regularizada) existente en dicha fecha» — se refería únicamente a la deuda con el Estado. La parte tributaria no tenía alternativa alguna. La nueva redacción se la da:

«…así como la ausencia en el deudor principal, a 1.º del mes en que se otorga el aval del Estado, de una obligación incumplida de pagar impuestos, tasas, cotizaciones sociales, recargos, multas e intereses exigibles conforme a la legislación de la Federación de Rusia sobre impuestos y tasas, o el pago de la deuda vencida (no regularizada) existente en dicha fecha por impuestos, tasas, cotizaciones sociales, recargos, multas e intereses exigibles conforme a la legislación de la Federación de Rusia sobre impuestos y tasas».

El punto 17 se refiere al fiador y al banco garante — quienes respaldan al exportador. Su apartado (b) no contenía antes alternativa de pago en ninguna de sus dos partes:

«el fiador, el banco garante no tiene, a 1.º del mes en que se otorga el aval del Estado, deuda vencida (no regularizada) por obligaciones dinerarias con la Federación de Rusia ni por obligaciones garantizadas con avales del Estado de la Federación de Rusia otorgados anteriormente, ni obligación incumplida de pagar impuestos, tasas, cotizaciones sociales, recargos, multas e intereses exigibles conforme a la legislación de la Federación de Rusia sobre impuestos y tasas».

La nueva versión añade en las dos partes «o se ha pagado la deuda vencida (no regularizada) existente en dicha fecha». Para quienes respaldan al exportador, el cambio es mayor: ya no se exige únicamente que no tengan deudas en esa fecha; también pueden saldarlas después.

El cambio es más estrecho de lo que puede parecer. El dinero sigue habiendo que pagarlo; lo que cambia es que los atrasos en la fecha de referencia ya no excluyen por sí solos. Pero la prueba existía para descartar, y ahora descarta a menos.

Lo que el decreto endurece

Las cuentas anteriores deben reexpresarse. Los puntos 25 y 26 reciben un párrafo cada uno, uno sobre el deudor principal y otro sobre el fiador. El del deudor principal dice:

«En caso de cambio, en los últimos 2 años anteriores al año de otorgamiento del aval del Estado, de la política contable del deudor principal y (o) de la aplicación por el deudor principal de nuevas normas de contabilidad que impliquen una modificación de los estados contables (financieros) del deudor principal, […] se presentará información (datos) sobre los valores de los indicadores de los estados contables (financieros) reexpresados retrospectivamente que se utilizan al evaluar la situación financiera del deudor principal, correspondientes a los períodos de referencia anteriores en los que no se aplicaban los cambios de política contable y (o) las nuevas normas contables. La veracidad de dicha información (datos) deberá ser confirmada por el director y el jefe de contabilidad del deudor principal».

El decreto asigna a la exigencia una finalidad propia: las cifras reexpresadas van al agente del gobierno, para la evaluación de la situación financiera del deudor principal conforme al punto 34. Lo que la norma suprime es la posibilidad de presentar los períodos evaluados sobre bases que no son comparables entre sí. En qué dirección un cambio de base había movido las cifras de nadie, el decreto no lo dice, y nosotros tampoco.

El informe de auditoría deja de ser opcional. El punto 7 de los anexos 1 y 3 exigía copia del informe de auditoría sobre las cuentas anuales del exportador de 2 años — 3 si la solicitud se presenta en el primer trimestre — y a continuación venía un paréntesis: «(para las personas jurídicas que, conforme a la legislación de la Federación de Rusia, deban someterse a auditoría anual)». El decreto suprime ese paréntesis en ambos anexos. El punto 7 de los anexos 2 y 4 llevaba otro paréntesis, «(en caso de que se presente)», referido al informe de auditoría de ROSEXIMBANK y del deudor principal respectivamente. También lo suprime. El documento exigido es el mismo; lo que desaparece en los cuatro casos es la excepción.

Un certificado nuevo sobre el capital propio del solicitante. Los anexos 1 y 3 incorporan nuevos puntos 10 y 11, de redacción casi idéntica:

«Certificado del exportador ruso con información sobre los créditos frente a los fundadores (partícipes, accionistas, propietarios, miembros) por las aportaciones (desembolsos) al capital social (fondo social, fondo de participaciones, capital conjunto) del exportador ruso, sobre el pago de las acciones del exportador ruso, sobre los ingresos de períodos futuros reconocidos por el exportador ruso en relación con la recepción de ayuda estatal, así como en relación con la recepción gratuita de bienes (al cierre de cada período de referencia)».

Se piden tres cosas a la vez, y no son de la misma naturaleza. Las dos primeras — capital que los propietarios suscribieron pero no desembolsaron y acciones no pagadas — son fondos propios anotados sobre el papel sin el dinero detrás. La tercera es otra cosa: la ayuda y los bienes recibidos del Estado sin contraprestación son activos reales, realmente recibidos. Declararlos muestra algo distinto: que no proceden de la explotación. Entre las tres le dicen al agente qué parte de la situación declarada ni la desembolsaron los socios ni la ganó el negocio.

Dos endurecimientos menores. El punto 23 incorpora la obligación de presentar al Ministerio de Finanzas copias certificadas de los documentos constitutivos del deudor principal, el beneficiario, el fiador y el pignorante — salvo cuando el beneficiario sea la corporación estatal de desarrollo VEB.RF. Y en el punto 24 el plazo para presentar el juego completo de documentos y obtener aval en el ejercicio en curso pasa del 1 de diciembre al 1 de noviembre: un mes menos.

Lo que es rutina y no debe leerse como novedad

El punto 1 de las reglas se prorroga de «en 2023 – 2025» a «en 2023 – 2026». La modificación del año pasado hizo lo mismo, moviendo la ventana de 2024 a 2025. Los puntos 56 y 65 reciben un párrafo por el que un aval de 2026 cubre obligaciones con vencimiento posterior al 1 de enero de 2029, y los puntos 57 y 66, la exclusión correspondiente. En las reglas ya figuraban el 1 de enero de 2026 para un aval otorgado en 2023, el 1 de enero de 2027 para 2024 y el 1 de enero de 2028 para 2025: es el peldaño siguiente de una escalera existente, no un aplazamiento nuevo. En el punto 5 del decreto modificado, la palabra «Promsviazbank» se sustituye por «Banco PSB».

Y en los puntos 61 y 71, que fijan el contenido del contrato de otorgamiento del aval, una fórmula sobre los fondos del crédito «recibidos antes de la fecha de entrada en vigor del aval del Estado» se extiende a otros apartados: el de la responsabilidad por uso indebido del dinero y el de las modificaciones del contrato de crédito que requieren conformidad previa del agente. Esa fórmula no es nueva: figura en el apartado (e) de ambos puntos desde el 14 de agosto de 2025, cuando la introdujo el decreto n.º 1171. El decreto amplía el alcance de una fórmula existente; no crea una nueva.

La única adición sustantiva en materia de cobro está en el punto 3. El apartado (l) dispone que el agente del gobierno adopte medidas para recuperar las deudas de deudores principales, fiadores, bancos garantes, pignorantes y otras personas frente a la Federación de Rusia, representada por el Ministerio de Finanzas. Esas deudas pueden surgir no solo del otorgamiento y la ejecución de avales del Estado, sino también del incumplimiento de los propios contratos de otorgamiento. Y el apartado (zh) añade que el agente «tiene derecho a solicitar todos los documentos necesarios» para su seguimiento.

Por qué un aval del Estado es una cuestión presupuestaria

Un aval del Estado no le cuesta nada al presupuesto mientras pague el prestatario. Es un pasivo contingente: la exposición del Estado está en su deuda, no en su gasto, y se convierte en un desembolso solo si el prestatario incumple. Entonces la Federación de Rusia paga por él y —todas estas líneas llevan derecho de regreso— trata de recuperar el dinero. Por eso un cambio en quién puede acceder no aparece en el déficit el día en que se aprueba, y aparecería tarde y de golpe.

Leídas así, las dos mitades de este decreto son una sola decisión. Ampliar una condición no puede estrechar el conjunto del que se elige: todos los que pasaban siguen pasando, y algunos que no superaban esta prueba concreta ya la superan. Que ese conjunto más amplio sea de peor calidad crediticia no es algo que el decreto establezca, y no lo hemos medido. Lo que el decreto sí establece son las pruebas que el Estado quiere ver antes de dejar entrar a nadie: rehaga sus cifras antiguas sobre la nueva base, aporte el informe de auditoría le obligue o no la ley a tenerlo, y declare cuánto de su propio capital no llegaron a desembolsar sus socios. La prueba de acceso descarta ahora a menos solicitantes, y lo que cada solicitante debe acreditar ha aumentado.

Una advertencia sobre nuestra propia serie: el certificado nuevo se refiere a los créditos frente a los fundadores de un exportador por sus aportaciones al capital social. No es la serie que miden las cuentas por cobrar vencidas, que son el montón de facturas impagadas entre organizaciones rusas según Rosstat. Solo comparten una palabra.

Qué cambia esto en nuestro modelo

Nada. Las reglas de los avales no son uno de nuestros ocho componentes, y ningún cambio normativo entra en el índice.

El índice de solidez está en 46,8 sobre 100, en la zona de estrés. En la actualización de datos de hoy no se ha movido ningún indicador. Las cuentas por cobrar vencidas siguen siendo el más débil de los ocho, con 9 sobre 100, y los ingresos de petróleo y gas el segundo más débil, con 14.

Lo que no sabemos

Cuánto se ha avalado realmente y si alguna vez se ha ejecutado un aval. Los 38,06 mil millones de rublos y los 50,0 millones de dólares citados son topes que la ley de presupuestos fija para 2026, no importes concedidos. No hemos encontrado ninguna contabilidad pública de los avales otorgados con estas reglas, ni de las ejecuciones habidas. Sin eso, el coste de rebajar el umbral no puede estimarse a partir de estos documentos, y que algo no esté cuantificado no significa que sea pequeño.

Por qué se hizo el cambio. No hay memoria justificativa. Las fichas del proyecto en regulation.gov.ru no cargaron, así que la lectura anterior procede del texto del propio decreto y de lo que ese texto sustituyó, no de una finalidad declarada.

Desde cuándo se aplica. El decreto no contiene cláusula propia de entrada en vigor. El derecho ruso prevé una regla supletoria para los actos del gobierno que carecen de ella, y qué rama de esa regla opera depende de cómo se clasifique el acto. No abrimos esa norma en esta sesión, así que aquí no ponemos ninguna fecha.

Qué exige íntegramente el punto 7 de los anexos 2 y 4. La redacción anterior de esos puntos la leímos en un texto consolidado, no en los anexos tal como se publicaron originalmente, y el decreto solo imprime las palabras que suprime.